legalización del cannabis

Marihuana Inc.: 21 empresas con licencia para cultivar en Colombia

Estas compañías, con capitales en Canadá, Estados Unidos, Israel y México, tienen licencia también para producir cannabis medicinal. Planean hacer millonarias inversiones para desarrollar el negocio. Así van las apuestas.
Marihuana en Colombia ya hay licencias para producir cannabis medicinal Marihuana Inc.: 21 empresas con licencia para cultivar en Colombia
Un verdadero día de locura vivió California el pasado 3 de enero cuando comenzó la venta legal de marihuana con fines recreativos. Aunque desde 1996 es legal para fines medicinales, largas filas y masiva afluencia de consumidores a las tiendas distribuidoras generaron euforia en el mercado.
Expertos como Arcview y la analista de mercado BDS Analytics aseguran que para 2021 este negocio venderá 40.000 millones de dólares y empleará a más de 100.000 personas. Todo dentro de la legalidad.
El interés que despierta este producto no se limita al mercado estadounidense. En Colombia comenzó hace tres años la fiebre por los negocios de la marihuana medicinal, luego de que el gobierno y el Legislativo decidieron crear un marco jurídico estable que hoy reconocen los empresarios. Según la consultora estadounidense Ackrell Capital, esta industria podría mover en el país 1.500 millones de dólares en 2025.
Para el 10 de enero pasado, 21 empresas con capitales nacionales y extranjeros ya contaban con licencias para cultivar y transformar el cannabis medicinal. Todas ellas ya han surtido rigurosos trámites, entre ellos, presentar sus proyectos de desarrollo que incluyen terrenos para los cultivos, equipos industriales y laboratorios de investigación.
Estas iniciativas anticipan el despunte de promisorios negocios en el país. Además, estas compañías se han comprometido a apoyar pequeños cultivadores y agricultores en zonas de conflicto que participarán ahora desde la legalidad. En otras palabras, el negocio de la marihuana medicinal podría ser el nuevo polo de desarrollo en el país.
El negocio en Colombia cuenta con una legislación bastante sofisticada, reconocen los inversionistas. Por un lado, permite únicamente manejar el producto transformado, es decir, sueros, aceites, resinas o subproductos a partir del cáñamo. Todo bajo el control de los ministerios de Justicia, Salud y la Dirección Nacional de Estupefacientes, encargados de otorgar las licencias para participar en este negocio. También intervienen otras entidades como el ICA y el Invima.
Para los inversionistas, además de la estabilidad jurídica, otros factores juegan a favor de Colombia como centro de los negocios de cannabis medicinal. Por un lado, están las condiciones de luminosidad y régimen de clima, que favorecen el cultivo y la floración durante todo el año. Este tema es clave porque los aceites resultan del procesamiento de las flores –no de las hojas– de la planta, que tardan cerca de tres meses para aparecer desde el momento de la siembra. A esto se suman las favorables condiciones del suelo, en varias regiones del país, que facilitan el cultivo de distintas variedades de semillas, entre ellas, algunas autóctonas, muy apreciadas en el exterior.
Otro poderoso argumento son los menores costos de producción, lo que mejora la rentabilidad esperada por los inversionistas. Mientras producir un gramo de cannabinol –el aceite extraído– cuesta 3 dólares en Canadá y 1,75 dólares en Colorado, Estados Unidos, en Colombia apenas cuesta 35 centavos de dólar.
Quién es quién
Dicen que el que pega primero, pega dos veces. Y así lo anticiparon seis empresas que en junio de 2016 obtuvieron las primeras licencias para cultivar y transformar cannabis en el país: Cannalivio, Pideka, Ecomedics y Econabis, de inversionistas nacionales, así como Cannavida y PharmaCielo, de capital canadiense. Un año después, cuando entró en vigencia la Ley 1787 impulsada por el senador Juan Manuel Galán, obtuvieron licencias Med Colombia, Cannabis Medical Group, Medcann Colombia, Colombian Organics, Canmecol y Khiron Colombia.
En Cannavida el plan de inversión contempla 20 millones de dólares para compra de terrenos, instalaciones y producción para el mercado nacional y extranjero. La creó el año pasado el canadiense Ron Marzel, un abogado que hace varios años impulsa el tema de la marihuana medicinal junto con asociaciones internacionales que han visto su importancia terapéutica.
Gonzalo Araújo, vocero de la compañía, explica que después de viajar por el país en busca de las condiciones agronómicas ideales, Marzel adquirió un terreno de 17,5 hectáreas en Barichara, Santander, que ya tiene licencia de construcción y está pendiente de la autorización de la Corporación Autónoma de Santander para hacer un pozo profundo de agua.
Allí construirán este semestre las instalaciones para las máquinas extractoras, el área de empacado y sellamiento así como las oficinas. Comenzarán a cultivar el segundo semestre con el acompañamiento del ICA, entidad encargada de certificar la semilla. En 2019 se iniciará la extracción de aceites, un proceso que creará alrededor de 60 empleos entre operarios del cultivo, ingenieros químicos, farmacológicos, agrónomos y personal administrativo.
PharmaCielo, por su parte, tiene planes muy ambiciosos. Cuenta con cerca de 600 inversionistas, entre canadienses, estadounidenses y colombianos, y en diciembre pasado completaron la primera siembra en Rionegro, Antioquia, luego de obtener las licencias y permisos para 35 hectáreas. La compañía también tendrá cultivos en Corinto, Cauca, en alianza con Caucannavis, una cooperativa de cultivadores de ese departamento.
Esa empresa decidió plantar cepas colombianas y tendrá lista su primera cosecha a mediados de este año, asegura Patricio Stocker, su presidente. En una primera etapa ejecutarán inversiones por unos 22 millones de dólares, pero después tienen la meta de contar con 1.000 hectáreas con cultivadores bajo contrato, en una operación que requiere inversiones por 100 millones de dólares.
Medcann, una compañía de capital colombiano, desarrollará sus cultivos en el municipio de Fuente de Oro, Meta, y producirá para los mercados nacional e internacional a finales de este año o comienzos de 2019. La empresa invertirá 22 millones de dólares y generará unos 200 empleos, dice su vicepresidente, Felipe Harker, quien destaca que el proyecto incluye un centro de propagación y desarrollo genético además de la planta de procesamiento, laboratorios y su centro de investigación y desarrollo agronómico con un concepto sostenible.
El componente médico y farmacéutico atrajo a la canadiense Khiron Life Sciences, quien creó Khiron Colombia y ya llegó a un acuerdo con la Asociación Colombiana de Neurología para trabajar en investigación y desarrollo conjunto a partir de este año. Voceros de la compañía aseguraron que tienen el objetivo de atender en el país a 5 millones de pacientes con problemas como epilepsia, esclerosis múltiple, dolor neuropático y náuseas ocasionadas por la quimioterapia, entre otras dolencias. Para el mediano plazo, la casa matriz le apunta a llegar a 68 millones de pacientes en América Latina que se podrían beneficiar de la prescripción de cannabis medicinal, aseguran sus voceros.
Durante 2018, Khiron Colombia invertirá cerca de 6 millones de dólares adicionales a las inversiones que ya realizó en 2017. Sus cultivos están ubicados en el departamento del Tolima, en una zona tradicionalmente agrícola con ventajas bioclimáticas óptimas para el crecimiento adecuado de las plantas.
La empresa busca desarrollar las industrias locales “aportando experiencia científica, acceso a mercados de capitales y credibilidad médica de primer nivel a médicos y pacientes”, dicen sus voceros. Por eso, en su junta cuenta con el químico y financiero canadiense Sidney Himmel, con amplia experiencia en temas de mercado de capitales y biotecnología.
Aunque las grandes farmacéuticas internacionales han estado ausentes en esta primera etapa, se estima que se incorporarán en una segunda cuando haya una industria de materias primas fuerte que permita el desarrollo de medicamentos.
Para el gobierno, el desarrollo científico y de investigación, la transferencia de mejores prácticas agrícolas, así como la inclusión de pequeños y medianos agricultores, principalmente de zonas afectadas por el conflicto, resultan temas claves.
Pese a las perspectivas favorables de esta naciente industria, las empresas de capital extranjero se han encontrado con una barrera: las trabas del sector financiero para gestionar recursos para esta industria naciente. Aunque el negocio es legal y está regulado, los bancos han dificultado el ingreso de los recursos provenientes de los inversionistas de Canadá y Estados Unidos, lo que ha provocado más de un traspié a las empresas que operan localmente.
Las proyecciones con las que arrancan las empresas de cannabis medicinal en Colombia ofrecen buenos augurios para el desarrollo de esta industria. Una apuesta auspiciosa, pero sobre todo legal.
   
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El gran movimiento que se ha generado alrededor del negocio de la marihuana para uso medicinal permitirá que, en el 2019, en el país se puedan adquirir medicamentos de alta calidad ‘made in’ Colombia a base de esta planta, que será cultivada, y su flor procesada y preparada por la industria farmacéutica para que ofrezca soluciones a múltiples enfermedades.
La apuesta para la economía es que el país entre con paso firme en la dinámica de la llamada industria del siglo XXI, de manera que logre generar 0,4 por ciento del producto interno bruto (PIB) o más, según calculó la Universidad del Rosario.

Y es que todo parece estar alineado ya para que Colombia se convierta en una potencia de la marihuana medicinal. Según Andrés López, director del Fondo Nacional de Estupefacientes, del Ministerio de Salud, entidad encargada de registrar a los que cumplen los requisitos para ser parte del proyecto, ya hay 33 empresas con permiso de fabricación.

El agro, varios sectores de la industria, como el farmacéutico, el textil, el alimentario y dietario y el cosmético, entre otros, tienen posibilidades en este negocio.

Según el Ministerio de Justicia, el cual otorga las licencias para los cultivos, ya se han expedido 61, de las cuales 6 son para uso de semilla para la siembra, 30 para cultivo psicoactivo (del cual se podrán obtener fármacos para afecciones del sistema nervioso y el dolor) y 25 para cannabis no psicoactivo (menos de 1 % de tetrahidrocannabinol-THC, el del efecto alucinógeno).
Oportunidad múltiple
Además, en el registro de pequeños y medianos cultivadores –también manejado por Minjusticia– cuyas siembras no superan los 5.000 metros cuadrados- hay 1.157 inscritos. En octubre pasado había 92, lo que demuestra el interés que ha despertado este negocio.

Cabe recordar que la reglamentación colombiana, que, por demás, ha sido catalogada como una de las más completas en el mundo, establece que “el 10 por ciento de la materia prima que se elabore tendrá que provenir de pequeños cultivadores”, explicó López.
El 10 por ciento de la materia prima que se elabore tendrá que provenir de pequeños cultivadores

La idea en Colombia, según algunos empresarios montados en el proyecto económico, es extraerle todo el jugo medicinal a la planta y lograr así voltear la torta, porque los extractos de la que ha sido en Colombia una de las flores perseguidas por su efecto estupefaciente ahora se utilizarán para elaborar jarabes, ampollas, comprimidos, cápsulas, inhaladores para el asma, en fin, una variedad de medicamentos en distintas presentaciones, producidos con todo el rigor científico, sin el halo esotérico de productos callejeros.

“Es un gran momento. Poder darle un uso lícito a lo que era de uso indebido. La cultivaban los narcos y la vendían en la calle de forma clandestina”, dijo López.
Legalización de la marihuana

El cannabis lleva camino de cambiar de estatus. De ser considerada una droga prohibida y perseguida, puede pasar a ser una droga legal como el alcohol o el tabaco si las iniciativas en marcha prosperan. Muchos países han aprobado su uso terapéutico y otros se plantean incluso la legalización del uso recreativo. Para una sustancia de la que se tiene constancia que ya se consumía hace 8.000 años en China, pasar de la prohibición a la tolerancia y de la tolerancia a la legalización no deja de ser un nuevo avatar en su oscilante historia de permisividad y persecución. Pero quienes promueven estos cambios pretenden que la legalización del cannabis sea el primer paso de un nuevo paradigma en la política de drogas. Su intención no es, por supuesto, favorecer el consumo de sustancias adictivas, sino despojarlo de la criminalidad que comporta su prohibición. La legalización de cannabis sería el primer eslabón.



El planteamiento tiene cada vez más adeptos, entre ellos notables mandatarios de proyección mundial, pero cada vez que se concreta en un país, la propuesta suscita temores. No es fácil calibrar las consecuencias. Las imágenes del último Cannabis World Congress celebrado en Los Ángeles, donde inversores ávidos de negocio proyectaban ya las mieles de lo que podría reportarles el mercado de los 18 millones de actuales consumidores clandestinos, no resulta tranquilizadora. ¿En qué condiciones debería legalizarse? ¿Qué consecuencias tendría sobre el consumo? De momento, se da la paradoja de que la reivindicación del uso terapéutico de la marihuanaç está teniendo un efecto pernicioso: refuerza la baja percepción de riesgo entre los jóvenes. Si la marihuana es una medicina, no puede ser mala, piensan. Pero el cannabis no es en absoluto una droga inocua. Al contrario, nuevos estudios confirman que la adicción al cannabis causa daños cognitivos y trastornos psicóticos.

También en España se ha abierto el debate, con propuestas e iniciativas parlamentarias que instan a legalizar el uso terapéutico e incluso el recreativo. De momento, el Congreso de los Diputados ha
 acordado crear una subcomisión para estudiar la regulación del uso terapéutico. Tras la despenalización del consumo, España se debate entre la tolerancia y la persecución. Por un lado, permite la existencia de clubes sociales de cannabis y, por otro, endurece las multas hasta el punto de que el consumo de cannabis es la primera causa de sanción entre las previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana, que en 2013 elevó hasta 30.000 euros la multa por cultivar plantas o consumir en espacios públicos. En seis meses, entre julio de 2015 y enero de 2016, se impusieron 18.806 sanciones, frente a 479 por consumo de alcohol.La situación regulatoria es muy cambiante. Mientras se debaten los efectos de una posible legalización, algunos parlamentos han optado por un paso intermedio: legalizar su uso con fines terapéuticos. En Europa lo han hecho Bélgica, Austria, Italia, Chequia, Polonia, Macedonia, Croacia y recientemente Alemania. Pero algunos han ido más allá y han legalizado el cultivo y la venta controlada de cannabis para usos recreativos. Es el caso de Uruguay, que en 2013, bajo la presidencia de José Mujica, se convirtió en el primer país en legalizar el consumo, producción y venta de marihuana bajo el control de un organismo público que autoriza las plantaciones. Se permite cultivar hasta seis plantas para autoconsumo y comprar hasta 40 gramos mensuales en farmacias. En Estados Unidos, son ya siete los estados que la han legalizado con diferentes fórmulas de control.
Lo que no parece tener demasiado sentido es que se permita el consumo de cannabis e incluso el uso terapéutico de la planta, y se obligue a los consumidores y a los enfermos a recurrir al mercado ilegal para proveerse. Porque supone seguir alimentando el tráfico ilegal y las mafias que se enriquecen con él. Este es el dilema que se le ha planteado a Holanda, que desde 1976 permite la venta y consumo de marihuana en espacios acotados, los coffeeshops, en los que se puede vender hasta 500 gramos diarios de droga, a razón de no más de cinco gramos por consumidor. Los 580 coffeeshops registrados en el país ingresan unos 1.000 millones de euros anuales. Si se autoriza el consumo, pero se penaliza el cultivo, la única fuente de provisión posible es el mercado ilegal. En los últimos años han proliferado las plantaciones clandestinas. Solo en 2015, último dato disponible, se desmantelaron cerca de 6.000. Para resolver este galimatías, en febrero pasado se aprobó una nueva ley, pendiente aún de ratificación, que autoriza también el cultivo y obliga a los coffeeshops a adquirir la droga en las plantaciones autorizadas.
Pero el banco de pruebas por excelencia es EE UU, donde en 2013 el Gobierno federal anunció que no bloquearía las leyes estatales que habían aprobado el consumo recreativo de la marihuana en pequeñas cantidades. La Adminstración Obama daba así cobertura a la decisión ya adoptada por los estados de Washington y Colorado y abría la puerta a que otros lo hicieran también, como así ha sido. Les han seguido Alaska, Oregón, California, Massachusetts, Nevada y Washingon. Algunas de estas regulaciones son muy recientes y no permiten extraer conclusiones.
Pero sí es posible analizar qué ha ocurrido en los 28 estados en los que está permitido el uso medicinal del cannabis, algunos desde hace años. Un estudio epidemiológico que acaba de publicarse en la revista JAMA Psychiatry observa que en los estados en los que se ha regulado el uso terapéutico, que suman el 34% de la población, el consumo ilegal recreativo ha aumentado también y en mayor proporción que en el resto de los estados. El estudio compara datos de 1991, 2005 y 2013. En ese periodo el consumo de cannabis ha aumentado una media del 3,6% en los estados que permiten algún tipo de acceso legal, frente al 2,2% en los que no. En el caso de California, el aumento ha sido del 5,3% y en el de Colorado del 7%. Este mayor aumento del consumo ilegal no se explica tanto por la disponibilidad, que es alta en todos los casos, como por la disminución de la percepción de riesgo. Y a ello contribuye sin duda la propaganda de la dimensión terapéutica.
El peligro que los expertos en adicciones observan en una eventual legalización del consumo recreativo es que el cannabis llegue a tener la tolerancia y aceptación social que tienen las dos drogas legales, el alcohol y el tabaco. En España, se ha reducido el porcentaje de personas que abusan de las drogas, pero se mantiene estable la afectación por alcohol. El último informe del Plan Nacional sobre Drogas, que analiza la evolución de todas las sustancias entre 2009 y 2016, indica que el número de bebedores problemáticos se mantiene estable en torno a 1,5 millones. En cambio, los consumidores problemáticos de cannabis han bajado de 803.000 a 558.000. Aunque queda lejos de las drogas legales, el 7,3% de los españoles consume cannabis al menos una vez al mes, y un 2% lo consume a diario.
El investigador Rafael Maldonado, catedrático de Farmacología de la Universidad Pompeu Fabra, uno de los referentes mundiales en el estudio de los mecanismos neurológicos de la adicción, alerta sobre la confusión entre uso recreativo y utilidad terapéutica. Como todas las drogas, el cannabis puede tener un uso médico. También la morfina, argumenta, es un excelente remedio para tratar el dolor en los procesos terminales de cáncer, pero eso no lleva a minimizar el riesgo de la heroína, que es una droga extremadamente peligrosa. ¿Por qué con el cannabis es distinto? “Porque existe la creencia de que no es peligroso. Pero el cannabis provoca adicción y la adicción es una enfermedad crónica que se caracteriza precisamente por la pérdida de control del comportamiento”.
Como ocurre con cualquier droga, empezar a consumir cannabis es como apretar el gatillo de una ruleta rusa. Si tantas veces disparas, al final sale la bala. El riesgo de adicción es muy elevado, y una vez iniciada, el consumidor pierde el control. Se convierte en un enfermo crónico de por vida, y si se rehabilita, pero vuelve a consumir, recae. El 80% de las solicitudes de primer tratamiento en el Proyecto Hombre entre los menores de 23 años es por consumo de cannabis. Los efectos son especialmente graves en el cerebro adolescente. La psicóloga Marta Berenguer advierte que cuanto antes se inician en el consumo, más severos son los trastornos psiquiátricos. Ella también ha observado que el uso medicinal ha reforzado la idea de que no es una droga peligrosa. “Incluso piensan que es una droga más sana y más natural que el tabaco”, explica.
Numerosos estudios han demostrado que el consumo abusivo o prolongado de cannabis provoca pérdidas cognitivas y trastornos de tipo psicótico. La memoria es la primera afectada. “La marihuana activa el sistema endocanabinoide del organismo, que tiene la maravillosa propiedad de hacernos olvidar todos aquellos estímulos que tienen un efecto negativo sobre nuestras emociones”, explica Maldonado. “Casi todos recordamos la infancia como una época feliz, pero a los cinco años teníamos problemas y angustias, igual que ahora. Logramos el equilibrio emocional gracias a que olvidamos todo aquello que es negativo y no es necesario para la supervivencia. Pero si invadimos nuestro cerebro de una sustancia externa que activa este sistema, lo que provocamos es un efecto de amnesia, de pérdida general de la memoria. Mientras la sustancia está en el organismo, el adicto tiene muchas dificultades para acordarse de las cosas. Eso afecta gravemente al rendimiento cognitivo, tanto profesional como académico”.

El cannabis tiene también un efecto sedante, que reduce la capacidad de concentración, y provoca desinhibición,
 lo que puede llevar por ejemplo, a tener relaciones sexuales sin protección. Los efectos del cannabis están en el origen de muchos accidentes de tráfico por el efecto sedación, la alteración de la coordinación motora y la disminución de la capacidad de reacción, especialmente si se mezcla con alcohol. Sabemos el problema que representan el alcohol y el trabajo. Si introducimos una tercera droga legal, hemos de analizar cuáles van a ser las consecuencias, sostiene Maldonado: “La criminalización por supuesto no resuelve el problema, pero la liberalización sin más, tampoco”.Pero el efecto más grave es que actúa como desencadenante de trastornos psicóticos. Un estudio publicado en la revista Lancet en 2007 demostró que el cannabis no era en absoluto una droga blanda. Tras analizar 35 investigaciones llevadas a cabo hasta ese momento sobre los efectos psiquiátricos, concluía que consumir cannabis con frecuencia aumenta un 40% las posibilidades de tener un trastorno psicótico. En el caso de quienes abusan de la droga, el riesgo se dobla. La psicosis se caracteriza por una desconexión de la realidad con ideas, pensamientos o percepciones delirantes. Los afectados por este trastorno oyen voces, creen que les persiguen o que alguien controla su pensamiento, e interpretan de forma totalmente errónea los datos de la realidad.
Los defensores de la legalización, como el Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA) no niegan los problemas que genera la adicción, pero abogan por una política de reducción de daños: siempre es mejor afrontar solo los problemas derivados de la enfermedad, que tener que lidiar además con la criminalidad asociada al tráfico ilegal. El precio de la droga obliga muchas veces a los adictos a delinquir o a convertirse ellos mismos en camellos para poder suministrarse. Con la legalización seguiría habiendo enfermos, dicen, pero se evitarían los daños adicionales que comporta la existencia del tráfico ilegal y sus mafias.
En el documento en favor de la legalización que este colectivo acaba de publicar, Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Unesco, sostiene que “corresponde a los científicos considerar todos los aspectos y dimensiones del consumo de marihuana, para asegurar un uso adecuado y supervisado. Solo así, se logrará que los traficantes dejen de serlo y que los paraísos fiscales dejen de colmarse con los desorbitados fondos que proceden de una de las actividades que más dolor, abatimiento y desolación humana proporcionan”.
Es evidente que las actuales políticas criminalizadoras han fracasado. No han reducido el consumo y generan altos niveles de violencia y corrupción. El narcotráfico tiene efectos devastadores sobre las instituciones públicas, hasta el punto de que en algunos países llega a poner en jaque al propio Estado. La batalla contra el narcotráfico absorbe ingentes cantidades de recursos para acabar fracasando. La cuestión es cómo construir un nuevo modelo que no aumente el consumo ni genere nuevos problemas. Hay consenso en la necesidad de revisar el enfoque, pero cada paso debe calibrarse con el máximo rigor.

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